De acuerdo a un artículo del diario El Tiempo, el C-4 comenzaría a operar en 2014,según una propuesta que debe ser aprobada por el Consejo de Política Económica y Social (Conpes) de Colombia en las próximas semanas.
Al organismo solo le falta la firma del presidente Juan Manuel Santos.Juntará recursos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la Dirección Nacional de Inteligencia (que maneja temas de seguridad estratégica) y la Dirección de Inteligencia de la Policía.
Se trata de un poderoso cuerpo de investigación que fijará, como ha sucedido en la lucha contra los grupos armados ilegales, objetivos prioritarios. El C-4 debe recabar toda la información que, convertida en pruebas judiciales por los fiscales, permita la extinción de dominio sobre los bienes adquiridos con plata robada al Estado.
Aunque ya hay pistas claras sobre la ubicación y la ruta de 193.000 millones de pesos (más de US$103 millones) blanqueados por protagonistas de varios escándalos en el país, la corrupción sigue siendo una zona negra en el mapa de las autoridades que combaten el lavado de activos en el país.
Así, mientras se calcula que la plata lavada por los narcos alcanza los 18 billones de pesos cada año, ninguna autoridad le apuesta a dar una cifra concreta sobre el monto de los recursos que mueven la corrupción en el país.
Algunos estudios sugieren números realmente preocupantes. El Consejo Privado de Competitividad (CPC) estima que la corrupción le cuesta al Estado nueve billones de pesos anuales, mientras que durante el 2012 la Fiscalía hizo el mismo cálculo y señaló que la cifra era de 4,2 billones de pesos por año.
“Aaproximadamente 70 por ciento del presupuesto se ejecuta a través de contratos, por lo cual la existencia de corrupción en esos negocios menoscaba recursos que deberían ser destinados a satisfacer las necesidades de los ciudadanos”, dice el CPC.
La Sociedad Colombiana de Economistas (SCE) estimó en el 2011 que la corrupción le costó al país –entre 1991 y 2010– alrededor de 189 billones de pesos, es decir, 9,95 billones anuales.
Por estas condiciones, de acuerdo con el Índice de Competitividad Global del WEF (World Economic Forum), Colombia ocupa el puesto 130 entre 144 países en el indicador que mide la desviación de recursos públicos y está en la casilla 96 en el indicador que mide los pagos irregulares o sobornos.
Todos esos pasos están enmarcados en uno de los objetivos de Colombia en los últimos años: entrar por la puerta grande a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).
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